Las personas originarias y que habitan la Ciudad de México, de los pueblos originarios, vecinos y transeúntes, tienen garantizados sus derechos en la Constitución Política.

Ciudad de México, 17 de enero de 2017

 

Con el voto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la Asamblea Constituyente, incorporó en la carta magna en su Artículo 27, la definición de las personas que conviven en la Ciudad de México, como parte de la construcción del Estado Democrático; se evita la “fragmentación y polarización de la población”.

A nombre del Grupo Parlamentario perredista la diputada Diana Arellano Rivera, expresó que es de vital importancia garantizar los derechos de los ciudadanos que coexisten en la capital del país y es que, la “Encuesta Intecensal 2015 aplicada por el INEGI reveló que la población de la Ciudad de México asciende a 8 millones 918 mil 653 personas. Cantidad por demás significativa, representa a quienes residen habitualmente en el territorio; sin embargo, no considera al 1 millón 720 mil 145 personas que a diario concurren a la urbe, situación que conlleva la atención de necesidades y la prestación de servicios por parte de las autoridades”.

En este contexto, llamó a los integrantes de la Asamblea Constituyente, a establecer bases jurídicas que partan del reconocimiento de la diversidad sociodemográfica, cultural y territorial, donde el gobierno y la sociedad contribuyan a propiciar una mayor identidad; o en caso contrario, advirtió no estaría enfrentando a “la fragmentación y polarización de la población”.

En tribuna Arellano Rivera, explico que, “el Proyecto de Constitución atiende esta necesidad, pues no se limita como lo hace el actual Estatuto de Gobierno y la Ley de Participación Ciudadana, ambos del entonces Distrito Federal, a definir a quiénes son originarios, habitantes y vecinos, sino que, atendiendo a la progresividad del derecho, también reconoce la realidad de miles de personas que habitan cotidianamente nuestra Ciudad y les otorga la calidad de transeúnte.

La clasificación que se puntualiza no significa una diferenciación, sino por el contrario, precisa quiénes somos y con ello busca el involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos, lo que, sin lugar a dudas, fortalecerá los ideales democráticos de participación e inclusión en los asuntos públicos a los que por mucho tiempo hemos aspirado.

Cabe señalar que la aprobación en lo general del Artículo 27 contó con la mayoría calificada y es en favor de la construcción de una sociedad incluyente, como lo propuso la fracción del PRD en favor de resignificar a quienes cohabitamos y convivimos en la Ciudad de México a partir de una categorización precisa.

 

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